La terminología es una disciplina que en los últimos años está en pleno auge, debido fundamentalmente al avance que la ciencia y la técnica han experimentado en los últimos tiempos. Por otra parte, ciertas disciplinas con las que se relaciona como la Traducción, la Documentación, las Ciencias de la Información, la Lexicografía o la Lingüística se han percatado de su enorme utilidad.

En España no se ha creado aún ningún organismo a nivel nacional que estudie la terminología en lengua castellana, aunque no por ello hayan dejado de tener lugar varias iniciativas. En 1985, nace en el seno del Instituto de Ciencia y Tecnología (ICYT) el grupo Termesp, que sería el fundador de la posterior Red Iberoamericana de Terminología (RITerm) encargada del estudio y coordinación de la terminología en todos los países de habla hispana.

No obstante, en los últimos años diversos organismos no relacionados directamente con la terminología se han comenzado a preocupar por este tema, como por ejemplo las universidades españolas o Aenor. Pero como la actividad internacional de la terminología española no sólo se centra en los países de habla hispana, sino que también desempeña una estrecha colaboración con los países de la Unión Europea con lenguas románicas se ha creado la red Realiter.

Por su parte, la terminología jurídica también refleja una fuerte inestabilidad, en contra de lo que muchos opinan, pues dicha terminología depende en gran medida de leyes; y las leyes son inestables, varían con el tiempo, dando lugar a fenómenos como la sinonimia o la polisemia, lo cual provoca que el lenguaje jurídico sea aún más confuso para el profano. Por lo tanto, la terminología jurídica está en constante evolución pero, a diferencia del vocabulario del lenguaje ordinario, esta evolución es muy lenta y casi no se percibe.

El traductor de textos jurídicos, cuando se enfrenta a la traducción de los términos jurídicos, necesita tener un amplio conocimiento de las fuentes terminológicas que se encuentran a su disposición y a las que debe acudir. En conclusión, la traducción de los textos jurídicos es una de las más complicadas por la enorme diferencia que existe entre los sistemas jurídicos. Cuantas más diferencias conceptuales existan entre los sistemas jurídicos de la lengua origen y de la lengua meta, más decisiones deberá tomar el traductor.

Estas decisiones deberán siempre estar fundadas en una anterior investigación, por lo tanto la calidad de las fuentes documentales, entre ellas las terminológicas, es importantísima. Resumiendo, el objetivo de este proyecto de investigación: PROBLEMÁTICA TERMINOLÓGICA Y TRADUCTOLÓGICA DEL ORDEN JURISDICCIONAL FRANCÉS Y ESPAÑOL ya es, a mi modo de ver, sumamente ilustrativo de lo que pretendo realizar: me preocupa abordar, desde una perspectiva terminológica y traductológica, el estudio de los equivalentes terminológicos relativos a la denominación del Orden jurisdiccional francés y español, porque cada día son más los especialistas que defienden que la traducción de ¿nombres propios¿ o denominaciones oficiales de figuras e instituciones (no sólo en el ámbito jurídico nacional sino a escala supranacional, sobre todo en el seno de Organismos Internacionales, UE, ONU, etc.) constituye un problema central que debe ser objeto de investigación para facilitar la ¿unidad de criterios¿.