La reciente aprobación de las Directivas europeas en materia de contratación pública (Directivas 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, fundamentalmente; y más recientemente la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública) ha supuesto un reforzamiento de las necesidades de adaptación de los Estados al vigente escenario de crisis económica general y de debilidad financiera de las estructuras públicas. En este sentido y también en el de consolidar ciertas garantías para las empresas, dichas normas establecen una serie de obligaciones para los Estados miembros en orden a intensificar procedimientos y medidas destinadas a cumplir unos objetivos, que habrán de conseguirse por los Estados miembros a través de actos normativos de trasposición y de la adopción de otra serie de medidas de adaptación de sus ordenamientos. Ayudar a identificar los problemas y a aportar las soluciones eficaces para solventarlos en esta tarea es el objetivo esencial que se propone este proyecto.

Contratación pública electrónica es la herramienta fundamental y alude al uso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los poderes adjudicadores para la adquisición de bienes y servicios en el mercado. El uso de la contratación pública electrónica genera importantes ahorros, al tiempo que puede constituir ocasión para el crecimiento económico y la creación de empleo, como ya se ha constatado en los países que la han generalizado o incluso que la han impuesto en muy buena medida, como es el caso de Portugal.

Las nuevas Directivas centran la atención en la consecución de varios trámites de la contratación pública por medios electrónicos: la publicación de anuncios, el acceso a los pliegos, la presentación de ofertas y la presentación de facturas. En relación con todos ellos y con muchos más aspectos de la contratación pública, resulta clave establecer reglas claras y precisas en aspectos tan importantes como la interoperabilidad o el intercambio de información entre los Estados. En todas cuestiones clave la investigación jurídica es esencial, pues a ella corresponde adaptar los principios aplicables a la contratación pública europea a las peculiaridades propias de la tecnología.

Al margen de las obligaciones derivadas del marco normativo comunitario, diversos documentos recientes enfatizan la necesidad de definir un contexto normativo nuevo de cara a la implantación con las debidas garantías de la contratación pública electrónica. El informe CORA apunta algunas, como la existencia de una sola plataforma de contratación, lo que implica una redefinición del marco normativo vigente y medidas de e-Administración eficaces; la simplificación en la contratación, lo que necesariamente pasa por el impulso de e-Administración desde una perspectiva de la innovación; la e-factura: la Unión Europea ha identificado la facturación electrónica como una acción clave dentro del primer pilar (la creación de un mercado digital único dinámico) de la «Agenda Digital para Europa», una de las iniciativas insignia de la estrategia «Europa 2020» para salir de la crisis.